La transparencia en el gasto público es fundamental para consolidar una gestión eficiente y responsable. En 2024, Quintana Roo destinó un presupuesto significativo a sectores clave como infraestructura, turismo y programas sociales, siguiendo el Plan Estatal de Desarrollo de la gobernadora Mara Lezama. Con una inversión de más de 47,000 millones de pesos, el estado busca mejorar los servicios y reducir las brechas de desigualdad. Este artículo analiza cómo se ha distribuido el presupuesto de 2024 y los retos que enfrenta el gobierno estatal para optimizar los recursos en 2025, en un contexto donde la ciudadanía demanda mayor rendición de cuentas y transparencia.
Distribución del presupuesto en 2024: prioridades y áreas de inversión
El presupuesto de Quintana Roo en 2024 priorizó la atención a los sectores sociales y de infraestructura, con énfasis en los programas de desarrollo y justicia social. Según la gobernadora, este enfoque permite que los recursos lleguen a quienes más lo necesitan, promoviendo un crecimiento inclusivo y el fortalecimiento de la infraestructura estatal, desde el turismo hasta la seguridad pública. Además, se destinaron fondos significativos a educación y salud, con el objetivo de cerrar las brechas de desigualdad y mejorar los servicios básicos.
Un aspecto destacado fue la asignación de recursos para incrementar la capacidad recaudatoria y mejorar la eficiencia en la ejecución del presupuesto. Este esfuerzo incluye la transparencia y la rendición de cuentas, aspectos que permiten a los ciudadanos acceder y conocer cómo se invierten los recursos. La Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN) fue clave en este proceso al garantizar la rendición de cuentas en cada proyecto estatal.
Transparencia y rendición de cuentas: avances y áreas de mejora
La transparencia ha sido un tema prioritario en la administración actual de Quintana Roo. La SEFIPLAN ha promovido mecanismos para asegurar que cada peso invertido sea debidamente documentado y rastreado, algo que permite a los ciudadanos conocer la ejecución de los recursos. Esto se alinea con las metas del Nuevo Acuerdo por el Bienestar y Desarrollo de Quintana Roo, que enfatiza el combate a la corrupción como medio para mejorar la asignación de recursos y la transparencia en el gasto público.
Sin embargo, aún persisten áreas de mejora. Un informe reciente señaló que, si bien la transparencia ha aumentado, existe una necesidad de agilizar el acceso a la información y de realizar auditorías más exhaustivas en rubros específicos como seguridad y turismo, sectores que tradicionalmente reciben grandes montos presupuestarios. La gobernadora ha expresado su compromiso de mejorar estos aspectos, y en 2025 se espera la implementación de auditorías independientes para reforzar la transparencia en áreas clave.
Retos para el presupuesto de 2025: un enfoque sostenible y transparente
Con miras a 2025, Quintana Roo enfrenta el reto de equilibrar la asignación de recursos en un entorno donde la sostenibilidad y la eficiencia son cruciales. Entre los principales desafíos se encuentra la necesidad de fortalecer las áreas de desarrollo urbano e infraestructura para responder al crecimiento poblacional y turístico, así como mejorar la seguridad ciudadana. Además, es importante seguir promoviendo el crecimiento inclusivo, garantizando que las inversiones lleguen a las comunidades más vulnerables del estado.
Otro aspecto clave es la colaboración con el sector privado, especialmente en proyectos de infraestructura y turismo. Quintana Roo espera atraer inversión para reducir la carga financiera del estado, sin dejar de lado la responsabilidad de supervisar y asegurar que cada proyecto cumpla con los estándares de transparencia y sostenibilidad. Esto implicará que el gobierno estatal optimice el presupuesto y mejore la eficiencia del gasto en cada programa.
Un año decisivo para la transparencia y el desarrollo de Quintana Roo
La administración de Quintana Roo está en un momento crucial donde la transparencia y la rendición de cuentas son demandadas con mayor intensidad por la ciudadanía. A medida que el estado avanza hacia 2025, las autoridades tendrán que implementar políticas más estrictas de auditoría y rendición de cuentas para asegurar un uso óptimo de los recursos. Solo así podrá lograrse una administración que no solo beneficie a la economía estatal, sino que también responda a las necesidades de su población con equidad y eficiencia.
