El Congreso de México ha aprobado una reforma significativa en torno a la supremacía constitucional del país, una medida que redefine los límites y el alcance de las acciones legales que pueden presentarse contra reformas a la Constitución. Con esta reforma, se establece que las modificaciones a la Carta Magna no podrán ser objeto de controversias constitucionales o acciones de inconstitucionalidad, es decir, no podrán ser cuestionadas judicialmente en instancias inferiores. Este cambio ha generado una amplia discusión en el ámbito político y social sobre sus implicaciones y su impacto en el equilibrio de poderes.
Objetivos de la reforma de supremacía constitucional
La reforma tiene como objetivo reafirmar la soberanía del Poder Legislativo en su función de reformar la Constitución y establecer que dichas reformas no puedan ser impugnadas en tribunales ordinarios ni en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). De acuerdo con los legisladores que impulsaron esta modificación, la medida busca fortalecer el carácter supremo de la Constitución y evitar que los cambios aprobados democráticamente puedan ser bloqueados por recursos legales.
Para los impulsores de la reforma, esta medida permite dar mayor claridad a los alcances del Poder Constituyente, garantizando que cualquier reforma o adición a la Carta Magna permanezca libre de impugnaciones judiciales que puedan obstaculizar su implementación. La reforma también establece que la Suprema Corte mantendrá sus facultades en torno a las leyes secundarias y reglamentos, pero que las reformas constitucionales se consideran, en palabras de los legisladores, «intocables».
Principales cambios en la Constitución mexicana
La reforma modifica principalmente los artículos 105 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Estas modificaciones establecen que no serán procedentes las controversias constitucionales ni las acciones de inconstitucionalidad que tengan como objeto controvertir reformas o adiciones a la Constitución. En el marco de esta reforma, el artículo 105 se amplía con un nuevo párrafo que especifica la improcedencia de medios de control constitucional para las reformas de la Carta Magna.
Además, el artículo 107, que regula los amparos y las facultades del Poder Judicial en cuanto a la revisión de actos de otros poderes, fue modificado para incluir esta restricción sobre las reformas constitucionales. Con estos cambios, la Carta Magna se consolida como el instrumento máximo en México, y cualquier modificación que se realice en el ámbito legislativo queda libre de revisión por la SCJN.
Reacciones de los actores políticos y expertos en derecho
La reforma ha generado reacciones mixtas en el ámbito político y jurídico. Por un lado, los legisladores del partido gobernante Morena y sus aliados defendieron la medida como una garantía de la supremacía constitucional y un respaldo a la función legislativa. El senador Óscar Cantón Zetina, uno de los principales impulsores, señaló que la reforma fortalece la democracia al respetar las decisiones del Poder Legislativo sin que sean cuestionadas en instancias judiciales.
Sin embargo, líderes de la oposición y expertos en derecho constitucional han manifestado sus preocupaciones. Consideran que la reforma podría debilitar el sistema de control constitucional y la función de la SCJN como garante de la legalidad. Ricardo Monreal, senador de oposición, expresó que la medida limita la posibilidad de que se protejan los derechos de los ciudadanos mediante recursos judiciales, especialmente cuando se aprueban reformas polémicas que pudieran afectar las libertades y garantías individuales.
Por su parte, organizaciones civiles han advertido que la reforma podría consolidar una acumulación de poder en el Congreso y eliminar una de las principales vías de control sobre las reformas constitucionales. Para estas organizaciones, el papel de la SCJN es fundamental para asegurar que los cambios a la Constitución se mantengan dentro de los principios democráticos y los derechos humanos establecidos en el sistema jurídico.
Implicaciones para el sistema de pesos y contrapesos en México
Uno de los aspectos más discutidos de esta reforma es su impacto en el equilibrio de poderes. Con la aprobación de la medida, el Poder Legislativo obtiene una capacidad sin precedentes para reformar la Constitución sin enfrentar impugnaciones judiciales. Esto representa un cambio en el sistema de pesos y contrapesos de México, ya que la SCJN, encargada de revisar la constitucionalidad de las leyes, ya no podrá intervenir en las reformas a la Carta Magna.
Expertos en derecho constitucional han señalado que esta reforma podría reducir la capacidad del Poder Judicial para supervisar las decisiones del Poder Legislativo. En el contexto actual, donde el Congreso está dominado por una mayoría afín al partido gobernante, existe la preocupación de que se aprueben cambios a la Constitución sin la posibilidad de que sean revisados por instancias judiciales, lo que algunos consideran un riesgo para la democracia.
Perspectiva a futuro: ¿qué esperar tras la reforma?
La implementación de esta reforma abre un nuevo capítulo en el sistema jurídico mexicano. Si bien sus defensores aseguran que fortalecerá la soberanía del Congreso, sus detractores temen que pueda usarse para aprobar reformas controversiales sin el debido control judicial. A medida que se realicen nuevas reformas constitucionales, los ciudadanos y expertos estarán atentos a las implicaciones prácticas de este cambio, así como a los efectos que pueda tener en las libertades individuales y en los derechos humanos.
La SCJN, aunque limitada en su capacidad de revisar las reformas constitucionales, mantiene su facultad de revisar las leyes secundarias y reglamentaciones derivadas de las reformas. Esto significa que, si bien no podrá cuestionar el contenido de las reformas a la Carta Magna, aún podrá intervenir en la interpretación y aplicación de las mismas. En este contexto, el papel de la SCJN sigue siendo relevante para proteger los derechos de los ciudadanos.
Una reforma de riesgos y beneficios
La reforma sobre la supremacía constitucional marca un hito en el sistema jurídico y político de México, al consolidar el papel del Congreso como el máximo ente reformador de la Constitución sin que sus decisiones puedan ser cuestionadas en la SCJN. Este cambio implica tanto beneficios como riesgos para la democracia y el estado de derecho en el país, ya que, si bien fortalece la función legislativa, también plantea interrogantes sobre el equilibrio de poderes.
A futuro, será fundamental observar cómo esta reforma se traduce en la práctica y si el Poder Legislativo utiliza su facultad con responsabilidad y en beneficio de la ciudadanía. La participación de la sociedad y la vigilancia de las organizaciones civiles serán esenciales para garantizar que las reformas constitucionales respeten los principios democráticos y los derechos humanos en México.
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