El gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, ha manifestado su inconformidad con el Poder Judicial de la Federación (PJF) y la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña, a raíz de la sentencia absolutoria dictada en uno de los casos que involucran al exgobernador Javier Duarte. Sin embargo, investigaciones revelan que la resolución fue emitida por un juez local, lo que ha generado cuestionamientos sobre la pertinencia de las declaraciones del mandatario estatal.
El contexto del caso Duarte
Javier Duarte, exgobernador de Veracruz (2010-2016), fue detenido en 2017 por diversos cargos, entre ellos lavado de dinero y asociación delictuosa. En 2018, recibió una sentencia de nueve años de prisión tras declararse culpable en un proceso abreviado. Desde entonces, ha enfrentado múltiples acusaciones relacionadas con corrupción y desvío de recursos.
Recientemente, un juez local absolvió a Duarte en un caso de presunto desvío de 220 millones de pesos, decisión que desató indignación en la sociedad veracruzana y reacciones políticas. Aunque la resolución provino del ámbito judicial local, García dirigió sus críticas al PJF y a Norma Piña, lo que ha sido percibido como una politización del caso.
Críticas del gobernador
Cuitláhuac García expresó su descontento durante una conferencia, señalando una presunta falta de compromiso del PJF para castigar la corrupción. “No es posible que quienes han causado tanto daño al pueblo de Veracruz sigan recibiendo beneficios judiciales. Esto es una muestra de la desconexión entre el Poder Judicial y las demandas ciudadanas”, afirmó.
El mandatario también cuestionó la actuación de los jueces federales, pese a que el fallo absolutorio fue responsabilidad de un juez local. Analistas legales han señalado que los comentarios del gobernador buscan trasladar la responsabilidad al ámbito federal, evitando abordar posibles deficiencias en el sistema judicial estatal.
La postura del PJF y la SCJN
El Poder Judicial de la Federación, bajo la dirección de Norma Piña, ha defendido su autonomía y rechazado las críticas de García. Desde la SCJN, se ha enfatizado que el caso en cuestión no corresponde al ámbito federal, lo que refuerza la idea de que las críticas del gobernador son infundadas.
Expertos señalan que este tipo de ataques pueden minar la confianza en las instituciones judiciales, especialmente cuando las declaraciones no están fundamentadas en hechos verificables.
El impacto político del caso
La controversia en torno a Javier Duarte ha reavivado el debate sobre la corrupción y la impunidad en México. Para Cuitláhuac García, el caso representa una oportunidad para fortalecer su narrativa contra los gobiernos anteriores, especialmente el priista de Duarte. Sin embargo, su insistencia en involucrar al PJF ha generado cuestionamientos sobre sus intenciones políticas y su comprensión del sistema judicial.
Por otro lado, el caso también ha puesto en el centro de atención la necesidad de fortalecer las instituciones judiciales locales, que a menudo carecen de los recursos y la independencia necesarios para manejar casos de alto perfil.
Un sistema judicial complejo
El caso de Javier Duarte y la respuesta del gobernador de Veracruz destacan la complejidad del sistema judicial en México y los retos para garantizar justicia en casos de corrupción. Aunque las críticas al PJF pueden resonar entre sectores de la sociedad, es fundamental que las autoridades estatales asuman su parte de responsabilidad y trabajen en el fortalecimiento de sus propias instituciones.
La resolución de este y otros casos será un indicador clave de la capacidad del sistema judicial mexicano para responder a las demandas ciudadanas de justicia y transparencia.