América Latina enfrenta un desafío económico importante debido a los elevados costos asociados con el crimen y la inseguridad. De acuerdo con estimaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), estos factores han representado un impacto económico directo del 3.44% del Producto Interno Bruto (PIB) en la región desde 2022, sin mostrar señales de mejora. Este alto costo afecta no solo la inversión pública y privada, sino que también tiene consecuencias significativas en áreas clave como el empleo y el desarrollo económico.
Costos directos e indirectos del crimen en la región
El presidente del BID, Ilan Goldfajn, explicó durante el seminario “Crimen en Latinoamérica y el impacto para las políticas públicas” que el costo del crimen en la región va más allá de la seguridad. Incluye gastos directos como el aumento de servicios de prevención y control, así como el gasto en seguridad que las empresas y ciudadanos deben asumir. Estas cifras representan el 80% del presupuesto asignado a la educación pública, lo que significa que recursos vitales para mejorar infraestructura o innovación están siendo absorbidos por la necesidad de enfrentar la violencia.
Además, Goldfajn destacó los costos indirectos asociados, como la disminución de la inversión privada y pública, la baja productividad empresarial y el impacto en el turismo, que es un sector estratégico para muchas economías en América Latina. La inseguridad también tiene un efecto importante en la migración, impulsando el desplazamiento de personas en busca de entornos más seguros y limitando las oportunidades laborales.
Inseguridad como un obstáculo para el desarrollo económico
Durante el evento, Gita Gopinath, subdirectora gerente del FMI, destacó que la inseguridad en la región no solo afecta el crecimiento económico, sino que se ha convertido en un determinante clave para el desarrollo y la prosperidad a largo plazo. Por ejemplo, se mencionó cómo la inseguridad puede inhibir la integración de las mujeres al mercado laboral formal, reduciendo el potencial de crecimiento en sectores estratégicos.
Uno de los estudios divulgados por el BID reveló que el gasto conjunto del sector privado y del gobierno en prevención y respuesta al crimen, así como la pérdida de capital humano, representó entre el 3% y el 3.5% del PIB en 17 países de la región en 2014, una cifra que se ha mantenido sin grandes mejoras en años recientes.
Caso México: costos económicos y retos para la inversión
México es uno de los países que enfrenta un alto costo económico asociado con el crimen y la inseguridad. En la conferencia del FMI en Washington, D.C., Melissa Dell, experta de la Universidad de Harvard, presentó hallazgos sobre el impacto del crimen en la economía mexicana. Su investigación indicó que la delincuencia organizada y el tráfico de drogas generan importantes costos para las empresas, limitando tanto la inversión como la productividad.
En octubre, el FMI presentó una revisión sobre México en la que destacaba que el crimen, la inseguridad y la corrupción representan barreras significativas para la inversión y el crecimiento del país. En particular, se ha señalado que el costo del crimen y la percepción de inseguridad varían entre las regiones, siendo el sur de México la zona con el mayor impacto. Además, se encontró que la corrupción dentro de las fuerzas de seguridad, como la policía, inhibe la presentación de denuncias, facilitando la operación del crimen organizado.
La carga desproporcionada de las pequeñas empresas en México
Dentro de las conclusiones de la misión del FMI en México, se destacó que las empresas más pequeñas enfrentan un costo significativamente más alto para protegerse del crimen en comparación con las grandes empresas. Estos costos adicionales afectan la competitividad de las pequeñas y medianas empresas, limitando su capacidad para crecer y crear empleo.
Por otro lado, la impunidad en los casos de delitos denunciados sigue siendo un factor que permite la operación de organizaciones criminales en varias regiones de México. Esta situación no solo afecta a las empresas, sino también a la confianza de los ciudadanos en el sistema de justicia, lo que agrava la percepción de inseguridad y limita la efectividad de las políticas de seguridad.
Desigualdad y violencia: un círculo vicioso
La conferencia del FMI y el BID también destacó cómo la desigualdad social y económica contribuye al alto costo de la inseguridad en América Latina. Gita Gopinath explicó que la desigualdad prevaleciente en la región no solo es un problema en sí mismo, sino que también es un factor agravante que potencia el impacto negativo del crimen en la economía. La falta de oportunidades en áreas de alto riesgo se convierte en un factor que impulsa a las personas a actividades ilícitas, lo que perpetúa el ciclo de violencia e inseguridad.
La necesidad de un enfoque integral para reducir los costos del crimen
Reducir el costo del crimen y la inseguridad en América Latina requiere de un enfoque integral que no solo fortalezca los cuerpos de seguridad, sino que también aborde las causas sociales y económicas subyacentes. Mejorar el acceso a la educación, crear oportunidades de empleo y reducir la desigualdad son elementos clave para abordar el problema desde su raíz.
El seminario del FMI y el BID subrayó la necesidad de que los gobiernos, el sector privado y las organizaciones internacionales trabajen en conjunto para diseñar políticas públicas efectivas. Solo a través de una estrategia coordinada y un compromiso a largo plazo, América Latina podrá reducir los costos asociados con el crimen, liberando recursos para la inversión y el desarrollo sostenible.
 y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), estos factores han representado un impacto económico directo del 3.44% del Producto Interno Bruto (PIB) en la región desde 2022, sin mostrar señales de mejora. Este alto costo afecta no solo la inversión pública y privada, sino que también tiene consecuencias significativas en áreas clave como el empleo y el desarrollo económico.){kind=link}