Senado avala reforma para limitar impugnaciones constitucionales: ¿qué implicaciones tiene para el país?

Recientemente, el Senado de la República aprobó una reforma constitucional que modifica los artículos 105 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM). Esta reforma, impulsada principalmente por el partido Morena, declara improcedentes las controversias constitucionales o acciones de inconstitucionalidad dirigidas a impugnar adiciones o reformas a la Constitución. Ahora, con el respaldo de 85 votos a favor y 41 en contra, el proyecto será enviado a la Cámara de Diputados para su análisis y posible ratificación. La medida ha generado un debate intenso sobre sus efectos en el sistema de contrapesos, el estado de derecho y la seguridad jurídica del país. A continuación, se analiza el contenido de esta reforma y lo que representa para México.

¿En qué consiste la reforma a los artículos 105 y 107?

La reforma aprobada establece que las modificaciones a la Constitución no podrán ser impugnadas ante tribunales. Hasta ahora, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha revisado en ciertas ocasiones la constitucionalidad de reformas y adiciones, siempre y cuando existan presuntos errores en el proceso legislativo o afectaciones a derechos fundamentales. Sin embargo, con esta reforma, se especifica que el poder reformador de la Constitución es soberano y no está sujeto a revisión judicial.

El senador Óscar Cantón Zetina, en representación de Morena, argumentó que la medida tiene el propósito de reafirmar la autoridad del Congreso para modificar la Constitución sin interferencias judiciales, señalando que este principio ha sido respaldado por precedentes judiciales en los que la SCJN ha declarado improcedente la revisión de reformas constitucionales. A través de la modificación al artículo 107 y la adición de un nuevo párrafo al artículo 105, la reforma también busca aclarar la improcedencia de las controversias constitucionales sobre adiciones o reformas a la Carta Magna​.

Argumentos a favor y en contra

A favor

Quienes apoyan la reforma sostienen que el Congreso, como representante de la voluntad popular, debe tener la autoridad suprema para reformar la Constitución sin restricciones de tipo judicial. Según el senador Enrique Inzunza Cázarez, esta reforma responde a la doctrina histórica de la jurisprudencia mexicana, en la que se ha establecido la improcedencia de impugnar el contenido de las reformas constitucionales. La medida se presenta como una forma de asegurar que el poder reformador pueda actuar sin limitaciones externas y de evitar que los cambios a la Constitución sean obstaculizados en los tribunales.

En contra

En cambio, senadores de la oposición, como Ricardo Anaya del PAN y Carolina Viggiano del PRI, han expresado que esta reforma puede comprometer el sistema de contrapesos que garantiza el estado de derecho en México. La posibilidad de impugnar reformas constitucionales, aunque limitada, ofrece una herramienta para proteger la legalidad de los procesos y asegurar que no existan abusos de poder. La reforma, afirman, deja sin protección a la ciudadanía en caso de que se promulguen cambios constitucionales que vulneren derechos fundamentales o alteren el equilibrio de poderes en México.

El senador Clemente Castañeda de Movimiento Ciudadano también argumentó que eliminar la posibilidad de impugnación deja al poder reformador sin límites efectivos y evita que otras instancias revisen la constitucionalidad de las reformas. Este enfoque, según Castañeda, podría llevar a un uso desmedido de la autoridad constitucional y a una falta de transparencia en el proceso legislativo​.

Implicaciones de la reforma para México

La aprobación de esta reforma trae consigo diversas implicaciones para el país:

1. Concentración de poder en el Congreso: La eliminación de recursos de impugnación otorga al Congreso una mayor libertad para aprobar reformas sin la posibilidad de que otros poderes revisen su constitucionalidad. Si bien esto puede facilitar los procesos legislativos, también aumenta el riesgo de decisiones que no sean revisadas de manera exhaustiva por el Poder Judicial, reduciendo la efectividad del sistema de contrapesos.
2. Cambio en el rol de la SCJN: La SCJN ya no podrá analizar las reformas constitucionales, incluso si existen dudas sobre la legalidad de los procedimientos o la afectación de derechos fundamentales. Esto reduce el papel del Poder Judicial como guardián de la Constitución y disminuye su capacidad de intervenir en defensa de la legalidad y los derechos ciudadanos.
3. Seguridad jurídica y derechos fundamentales: La imposibilidad de impugnar reformas constitucionales podría dejar a la ciudadanía en un estado de indefensión frente a posibles modificaciones constitucionales que vulneren derechos humanos. Sin la posibilidad de impugnar, no habría recursos legales ante la SCJN para cuestionar cambios en la Constitución que puedan afectar las libertades de los ciudadanos.
4. Precedente para futuras reformas: Esta reforma establece un precedente importante para el futuro. Si otros poderes son excluidos del proceso de revisión, se podría facilitar la aprobación de reformas que transformen aspectos fundamentales del Estado mexicano sin las limitaciones habituales, lo cual puede tener consecuencias de largo plazo en el sistema de gobierno.

Un cambio con impacto en el equilibrio de poderes

La reforma a los artículos 105 y 107 de la Constitución mexicana representa un cambio sustancial en la dinámica de los poderes y en la forma en que se regulan las reformas constitucionales. La medida, aunque busca agilizar los procesos de reforma y consolidar la autoridad del Congreso, plantea importantes interrogantes sobre la protección de los derechos ciudadanos y el mantenimiento del equilibrio de poderes. Ahora, la decisión recae en la Cámara de Diputados, y el debate sobre los alcances de esta reforma seguramente continuará, con implicaciones profundas para la estructura del poder y el estado de derecho en México.

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